URBANISMO RURAL

En los últimos años, la política de privatización del urbanismo y del modelo del “todo urbanizable”, que ha propugnó el Partido Popular en el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar, ha conducido a un modelo de desarrollo territorial basado en el crecimiento frenético de la ocupación del suelo, en la especulación del valor del terreno, el desequilibrio territorial (dotaciones municipales dispersas con un servicio deficitario), el desequilibrio ambiental (edificándose áreas con valor medioambiental o paisajístico), y en la urbanización dispersa del territorio (tres nuevas urbanizaciones), sin la necesaria planificación de los recursos y servicios que requieren los nuevos desarrollos, ha conllevado a que en las poblaciones y en dichas urbanizaciones (Montealegre, A Veiga da Abaixo, A Tapada da Bouza….) existan graves deficiencias y carestías en los servicios prestados por el Ayuntamiento (recogida de basuras, ajardinamiento, abastecimiento, saneamiento, limpieza viaria, alumbrado…..), provocando este modelo diversos efectos adversos, como un enorme consumo de suelo y otros recursos naturales; el incremento de los desplazamientos de los ciudadanos, que resulta imposible de gestionar con el transporte público; y un fuerte encarecimiento de los costes municipales para atender los servicios básicos…

Así, el desarrollo urbanístico planteado en los últimos años por los gobiernos del partido popular, es insostenible, el cual ha dado lugar a numerosos escándalos de corrupción y a la consiguiente sensación de indefensión por parte de los ciudadanos. El desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, no puede quedar al margen de los ciudadanos. Otro urbanismo es posible, contando con la participación de los agentes sociales y ciudadanos, con la transparencia necesaria en una toma de decisiones colegiada, y articulando su gestión a los fines definidos en proyectos estratégicos y modelos de desarrollo sostenibles. Las demandas ciudadanas exigen el acceso a viviendas accesibles, de calidad y a entornos rurales y urbanos agradables, bien comunicados y dotados de todos los servicios públicos necesarios.

Por todas estas razones, los socialistas defendemos y propugnamos una nueva política urbanística y cultural del territorio, que ponga freno a la especulación del suelo, que garantice el acceso a una vivienda digna y de calidad, y que favorezca la consecución de una población socialmente cohesionada, con unas dotaciones equilibradas e integrada en un sistema rural territorialmente sostenible.

Todas las políticas estarán urbanísticas y gestión del territorio estarán orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Modelo que garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible del territorio, que evite las prácticas abusivas y especuladoras del suelo, con una administración transparente.
- Impulso de la transparencia de las decisiones de los órganos públicos en las materias urbanísticas, a través de una nueva regulación de los procedimientos de planificación urbanística y territorial, mejora de los mecanismos de información pública y desarrollo de registros públicos actualizados de planeamiento urbanístico, y de registros públicos relativos a los expedientes de ejecución del planeamiento.
- Fomentar la participación ciudadana, potenciando los procedimientos de comunicación y participación social.
- Colaboración, entre las Administraciones Públicas, Agentes sociales, y los Colegios Profesionales y Asociaciones Empresariales que intervienen en el proceso urbanístico, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legalidad.
- Recuperar, para la colectividad, las plusvalías que le corresponde, con criterios de proporcionalidad, legalidad y transparencia, en función de los márgenes que la Ley del Suelo Estatal y las Legislaciones Autonómicas tengan establecidos.
- Impedir la utilización espuria de los Convenios Urbanísticos, que posibilitan la transacción mercantil de las potestades públicas a cambio de la facultad de reclasificar o recalificar los suelos, vulnerando flagrantemente la función pública del urbanismo y su sometimiento al interés general.
- Publicación por medios telemáticos del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluidos los Convenios y un resumen ejecutivo de los mismos. Publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información pública.
- Creación de una bolsa informativa municipal de viviendas en núcleo rural en venta o alquiler, que favorezca la rehabilitación, recuperación y reconstrucción de las edificaciones tradicionales rurales existentes.
- Establecer las medidas de control necesarias, para que los ingresos, derivados de la gestión de los patrimonios públicos de suelo, se destinen a facilitar el acceso a viviendas asequibles y a mejoras rurales, priorizando las zonas más desfavorecidas.
- Aplicar el régimen de incompatibilidades de los políticos y técnicos, responsables del control público de la gestión urbanística, en aras de un ejercicio transparente, ejemplar y democrático de la misma.
- Reforzar los mecanismos de control y las medidas disciplinarias de los Ayuntamientos para que las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes, espacios protegidos, etc., sean detectadas lo antes posible.
- Practicar un nivel de tolerancia cero con la corrupción urbanística, denunciando los casos de los que tengamos conocimiento, negándonos a gobernar con quienes la practiquen y erradicando la que pueda producirse en nuestras filas.
- Fomento de la edificación y rehabilitación de viviendas en núcleos rurales, con soluciones técnicas que mejoren su calidad, en términos de eficiencia energética y de consumo de agua, de protección frente al ruido y de accesibilidad generalizada para discapacitados.
- Establecimiento de reservas obligatorias en el planeamiento para la creación de viviendas de protección pública cumpliendo, como mínimo, las disposiciones establecidas en la legislación autonómica y estatal, y estableciendo reservas superiores en los planes en que se concreten las políticas de choque de creación de viviendas protegidas.
- Uso preferente para vivienda protegida de todos los patrimonios públicos de suelo, dando prioridad a regímenes en los que se conserve la titularidad pública del suelo (alquiler, cesión de derecho de superficie...).
- Utilización para la promoción pública de viviendas y alojamientos de fomento de la vivienda en alquiler será una prioridad, para garantizar el acceso de todos a la vivienda, en particular en núcleos rurales.
- Gozar de entornos universalmente accesibles, que no supongan barreras ni restricciones a la participación de las personas con discapacidad.
- La sostenibilidad territorial que evite la ocupación indiscriminada del territorio y que establezca límites racionales al crecimiento urbano, en función de las demandas demográficas y económicas, reales y potenciales, existentes en el Municipio; la capacidad de absorber el crecimiento; la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes en el Municipio y el medio natural en que se va a desarrollar.
- El crecimiento en torno a núcleos rurales ya existentes, para corregir la dispersión urbanística y consolidar ciudades de calidad, dotadas de multiplicidad de usos y que integren residencias, servicios y lugares de trabajo, potenciando la cohesión social y la distinción clara entre espacio urbano y rural, apostando por el modelo de ayuntamiento compacto frente al de la población dispersa.
- Limitación de las modificaciones de los planes urbanísticos que conlleven reclasificaciones puntuales de suelo no urbanizable, que deben ser excepcionales, procediendo, ineludiblemente, a la previa Revisión del Plan General, cuando se alteren las condiciones estructurales del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial o demográfico significativo.
- Protección de los suelos, especialmente significativos, por sus valores medioambientales, agrarios, culturales o paisajísticos.
- Un equilibrio rural, intencionado, entre las poblaciones consolidadas y la creación de nuevas, de forma que se evite que aquella se vacíe o se produzcan crecimientos desproporcionados imposibles de absorber.
- La asunción responsable a través del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, del proceso de producción de nuevo suelo urbanizado.
- La formulación del planeamiento de desarrollo y su ordenación urbanística, al menos en las áreas de “ensanche” contiguas a los núcleos rurales consolidados necesarias para atender la demanda más inmediata y la gestión directa municipal de aquellas áreas estratégicas de interés público municipal.
- Rehabilitación integral y revitalización de núcleos rurales degradados o abandonados, a través de programas de intervención integral que incorporen dotaciones sociales, mejoras arquitectónicas, de accesibilidad, y de seguridad y de eficiencia energética, que fomenten la rehabilitación y el uso de las viviendas existentes.Proyecto y construcción simultánea de viviendas y servicios, así como la red de Transporte público eficiente que permita reducir los costes de desplazamiento de todos los ciudadanos. Los planes urbanísticos deberán desarrollar los centros y recursos asistenciales paralelamente a la edificación de viviendas